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Se trata de un documento eminentemente práctico que desde su riguroso planteamiento jurídico concita el interés de cuantos se dedican a la tarea de velar por la garantía de los derechos fundamentales en el Estado de Derecho. El texto ofrece de manera esquemática aspectos relevantes de una normativa profusa relativa al tratamiento general procesal de las infracciones administrativas y penales, con especial atención a la temática procedimental a que puede dar lugar la violencia sobre la mujer, y supone una guía cierta en torno a dichos argumentos, además de contar con la fortaleza del dispositivo que en todo caso permite el resumen visual sobre la actuación concreta de los agentes o sobre el asunto que en cada caso convenga instruir o ilustrar. El documento está marcado por un indiscutible sello constitucional tendente a incidir en la armonización de la labor que de acuerdo con la Constitución tiene asignada la Guardia Civil y los demás Cuerpos de Seguridad del Estado, y que no es otra que la encomienda genérica de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad ciudadana.